Violencia contra la mujer: ¿por qué las leyes aún no garantizan una protección real?

Bolivia cuenta con leyes destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre estas, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (N° 348). Sin embargo, la persistencia de casos demuestra que la existencia de una norma, por sí sola, no garantiza una protección efectiva.

Para Fabricio Góngora, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) La Paz, este fenómeno debe comprenderse como un problema estructural, atravesado por diversos factores.

“El análisis del origen de la violencia en nuestro país no debería ser sesgado como para focalizarse únicamente en normativas; este es un problema estructural cuyo origen podría derivarse de temas culturales, históricos, económicos y sociales”, explicó Góngora. Señaló que la erradicación o mitigación de esta problemática debe fortalecerse con políticas públicas claras y con instituciones capaces de hacer efectiva la normativa existente.

En ese marco, el docente identificó dos grandes fallas en la aplicación de la ley: la desinformación y la falta de institucionalidad. La primera no solo afecta a la sociedad civil, sino también a estudiantes de Derecho y abogados que, muchas veces, desconocen la naturaleza y finalidad de las normas de protección. Esto, según advierte, genera mitos alrededor de la normativa e impide que sea correctamente ejercida por quienes deben aplicarla.

En ese sentido, explicó que, frente a los cuestionamientos sobre la normativa de protección a mujeres, es necesario acudir a datos concretos. “En el caso boliviano particular, en 2024 se tuvo únicamente 0,13 por ciento de ‘denuncias falsas’. En específico, con relación a la Ley N° 348, para el año 2025, únicamente se tuvo el 6 por ciento de detenidos de las más de 37.000 denuncias de violencia familiar”, afirmó.

Otra barrera importante está relacionada con las dificultades que enfrentan muchas mujeres para denunciar. El miedo, la dependencia económica, la desconfianza en el sistema y el hecho de que la violencia provenga del propio hogar hacen que el acceso a la justicia sea aún más complejo. 

“Muchas veces se trata de satanizar a las víctimas por no denunciar en su oportunidad; sin embargo, la sociedad en general no comprende la dificultad que representa realizar este extremo”, señaló.

Uno de los riesgos más graves dentro de estos procesos es la revictimización. Góngora explicó que esta ocurre cuando, de forma sistemática e institucional, la víctima vuelve a atravesar actuados, entrevistas, testimonios o declaraciones que pueden afectar su psiquis, sus emociones, su estabilidad y su salud mental.

“La revictimización puede ser incluso peor que el propio hecho, porque lo que permite a la víctima es recordar de forma permanente los traumas, el estrés postraumático que podría llevar y de esta manera perjudicar su estabilidad emocional”, advirtió el docente.

Por ello, consideró fundamental que instituciones como la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Fiscalía, Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y el sistema judicial trabajen de manera articulada, con personal capacitado y con enfoque de género.

Para que las leyes dejen de ser únicamente un marco normativo y se conviertan en una protección real, el especialista sostuvo que se requiere una integración sistemática entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Además, consideró que es imprescindible implementar políticas públicas reales y claras que colaboren al funcionamiento de las instituciones, así como promover una socialización masiva de los derechos que asisten a las víctimas.

Desde la academia, el desafío también es profundo. Para el docente de Unifranz, los futuros abogados no deben ver estos casos como simples expedientes, sino como realidades humanas que exigen sensibilidad, ética y compromiso social. 

“La formación académica con enfoque de género y basada en el respeto de los Derechos Humanos es fundamental. No se debe entender la aplicación de la normativa en una interpretación exegética gramatical, sino entender que los casos y patrocinio que vayan a realizar alcanzan a la fibra más sensible de la humanidad”, expresó.

Góngora también advirtió que uno de los desafíos en la formación jurídica es enseñar a los estudiantes a analizar estas problemáticas desde la evidencia y no desde discursos sin sustento. “Es complicado, los jóvenes en muchas oportunidades siguen relatos o discursos apasionados, que carecen de fundamento científico u objetivo”, señaló.

Bajo el modelo práctico de Unifranz, estas problemáticas se abordan a través del análisis de casos, simulaciones, debates y ejercicios vinculados a derechos humanos y acceso a la justicia.

Góngora destacó la importancia de realizar simulacros de casos prácticos para que los estudiantes comprendan, desde el “juego de roles”, las distintas posiciones dentro del ejercicio de la abogacía: fiscal, judicial, defensa de la víctima y defensa del sindicado.

“La práctica es la única forma de ejercer y aprender haciendo, como se lo viene realizando en Unifranz”, afirmó. De esta manera, la formación jurídica trasciende la teoría y busca preparar profesionales capaces de actuar con criterio técnico, responsabilidad ética y compromiso social frente a una de las problemáticas más urgentes del país.

El modelo “Aprender Haciendo” de Unifranz, una metodología educativa centrada en la experiencia práctica y la resolución de problemas reales. Además, conecta a los estudiantes directamente con el mundo profesional desde el inicio de sus carreras. Así, los estudiantes desarrollan habilidades clave y aumentan su empleabilidad, mediante proyectos, simulaciones y vinculación con empresas, preparando así profesionales más seguros y capaces de generar un impacto en la sociedad.