Los delitos ya no solo ocurren en las calles; también dejan pruebas en internet

Cuando un teléfono celular se convierte en la principal prueba de un homicidio, una conversación de WhatsApp ayuda a reconstruir una red de corrupción o una billetera de criptomonedas conduce hasta una organización de lavado de activos, queda claro que el crimen ya no siempre deja huellas físicas. Hoy, muchas de las evidencias más importantes existen únicamente en el mundo digital.
La transformación tecnológica está cambiando la forma en la que se cometen delitos, pero también la manera de investigarlos, juzgarlos y defenderlos. Para fiscales, jueces y abogados, comprender cómo se obtiene, preserva y analiza una evidencia electrónica comienza a ser tan importante como interpretar un código o una norma jurídica.
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) advierte que la expansión de la ciberdelincuencia representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de justicia del mundo, debido al crecimiento de delitos como el fraude digital, el robo de identidad, el ransomware, la explotación de activos virtuales y otras modalidades que trascienden las fronteras nacionales.
En la misma línea, el FBI reportó pérdidas superiores a los 16.000 millones de dólares por delitos cibernéticos durante 2024, la cifra más alta registrada desde que publica el informe Internet Crime Report.
«Hoy una investigación penal ya no se limita a documentos físicos o testimonios. Es cada vez más frecuente encontrar información clave en teléfonos celulares, computadoras, redes sociales, plataformas digitales o activos virtuales. Eso exige que el abogado comprenda el contexto tecnológico donde ocurren los hechos sin perder de vista que su función sigue siendo jurídica», explica Oscar Molina, director de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) El Alto.
Cuando la evidencia también vive en internet
Cada fotografía, correo electrónico, registro de ubicación, transferencia electrónica o publicación en redes sociales puede convertirse en evidencia dentro de un proceso judicial. Pero, a diferencia de una prueba física, la información digital puede alterarse, copiarse o eliminarse con facilidad si no se maneja bajo protocolos especializados.
Por ello, conceptos como informática forense, cadena de custodia digital o evidencia electrónica comienzan a formar parte del lenguaje cotidiano de quienes participan en la administración de justicia.
«El abogado no necesita convertirse en un ingeniero informático, pero sí debe formular las preguntas correctas: de dónde proviene la evidencia, cómo fue obtenida, quién tuvo acceso a ella o si se respetó el debido proceso. Solo así podrá construir una defensa sólida y proteger los derechos fundamentales», señala Molina.
La creciente sofisticación de los delitos también exige una visión interdisciplinaria. Hoy, un abogado puede trabajar junto a especialistas en informática forense, analistas de datos o expertos en ciberseguridad para comprender casos que hace apenas unos años eran inexistentes.
Una nueva especialización para una nueva realidad
Frente a este escenario, la carrera de Derecho de Unifranz incorpora la mención en Justicia Penal Digital, orientada a formar profesionales capaces de desenvolverse en procesos donde convergen el Derecho, la tecnología y la investigación criminal.
La formación incluye competencias en argumentación jurídica aplicada a sistemas de justicia penal digital, análisis de evidencia electrónica, criminología digital, litigación en casos relacionados con ciberdelitos, prevención del lavado de activos y comprensión de los desafíos jurídicos que plantean las tecnologías emergentes.
«La Justicia Penal Digital no busca reemplazar los principios tradicionales del Derecho. Los fortalece para responder a una sociedad que cambió. Queremos formar abogados capaces de comprender la tecnología sin perder de vista que el centro del Derecho sigue siendo la protección de la persona y sus derechos fundamentales», afirma Molina.
El académico añade que el perfil profesional también responde a un mercado laboral que demanda especialistas capaces de desenvolverse en fiscalías, unidades de investigación de delitos tecnológicos, estudios jurídicos, empresas, organismos reguladores y equipos de cooperación internacional.
El abogado del futuro
La inteligencia artificial, el blockchain, las criptomonedas y la creciente digitalización de la vida cotidiana seguirán transformando el ejercicio profesional durante los próximos años. Sin embargo, para Molina existe una habilidad que marcará la diferencia por encima de cualquier herramienta tecnológica.
«Mientras más avanzada sea la tecnología, mayor será la importancia de la ética. El abogado del futuro deberá combinar innovación con responsabilidad, eficiencia con criterio jurídico y tecnología con una defensa firme de los derechos humanos», concluye.