La revolución digital redefine el Derecho y obliga a formar una nueva generación de abogados
La revolución digital redefine el Derecho y obliga a formar una nueva generación de abogados
Hace veinte años, un abogado podía construir toda su carrera con el Código Civil bajo el brazo y una buena memoria. Hoy eso ya no alcanza. Los conflictos legales nacen en el chat de una red social, en un contrato inteligente o en una base de datos filtrada, y la ley —muchas veces— llega tarde.
Bolivia no está al margen de este cambio. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes —ATT— reporta que el país cuenta con una base tecnológica creciente: 108 líneas móviles por cada 100 habitantes en 2024 y una penetración de internet móvil del 98% a junio de 2025, lo que confirma una sociedad cada vez más conectada.
Para la Dra. Mirtha Vargas, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz Cochabamba, ese nuevo escenario exige un cambio de formación. «El abogado del futuro debe hablar dos lenguajes: el jurídico y el tecnológico», explica.
No se trata de convertir a los estudiantes en programadores, aclara, sino en profesionales capaces de «regularlas, utilizarlas y proteger los derechos de las personas» frente a las nuevas tecnologías.
¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados para que sus afiliados no se queden atrás frente a la IA, los ciberdelitos y los juicios por redes sociales?
«Estamos apostando porque el Colegio sea un espacio de articulación entre abogados, universidades y operadores de justicia para enfrentar de manera conjunta los desafíos que nos plantea la era digital», explica la presidente del ente colegiado de Cochabamba, Dunia Arandia Quiroga.
Para la profesional en Derecho, faltan tres cosas muy concretas en las que se debe trabajar de manera urgente:
1. Más capacitación especializada en prueba digital, informática forense, ciberdelitos y otras cuestiones de esa naturaleza.
2. Protocolos más claros de actuación para la recolección y preservación de evidencia electrónica, porque en el mundo digital la prueba puede desaparecer o alterarse con mucha rapidez.
3. Actualización de la normativa para mantener su aplicabilidad plena frente a los cambios que se presentan a causa del acelerado avance de la tecnología.
En esa línea, Arandia Quiroga señala que hay un campo extenso para profesionalizarse bajo esta tendencia del Siglo XXI en áreas como «Ciberdelitos y defensa de víctimas de delitos cometidos por medios digitales como estafas electrónicas, suplantación de identidad, acceso indebido a cuentas, extorsiones, difusión no consentida de contenido».
Otro posible campo sería la asesoría a empresas y emprendimientos en cuestiones de comercio electrónico, contratación electrónica y políticas de privacidad. «Porque la sociedad ya se digitalizó, los conflictos ya se digitalizaron y, por tanto, la abogacía también tiene que hacerlo», asegura.
Cambios inevitables en el sistema judicial
Este cambio ya ha alcanzado al sistema judicial: herramientas digitales como Hermes y Éforo permiten ahora notificaciones electrónicas, gestión de causas, recepción de memoriales y audiencias virtuales mediante ciudadanía digital, según explica la página Notificaciones Electrónicas del Tribunal Supremo de Justicia. A ello se suma el reconocimiento jurídico de la firma digital, con valor probatorio equivalente al documento manuscrito.
Por lo mismo, el avance tecnológico plantea nuevos desafíos: protección de datos personales, ciberseguridad, evidencia electrónica, reputación digital, delitos informáticos e inteligencia artificial aplicada al ejercicio legal.
En su diagnóstico, Vargas identifica tres competencias no negociables: pensamiento crítico —porque, dice, «la inteligencia artificial puede procesar información, pero las decisiones jurídicas siguen requiriendo criterio y ética»—, competencia digital para leer evidencia electrónica y asesorar en ciberseguridad, y una mirada interdisciplinaria que dialogue con ingenieros y especialistas en datos.
Por ello, las nuevas generaciones de profesionales deben ser capaces de litigar con solvencia tanto en el código civil como en el código binario.
En este escenario, para Unifranz, es importante formar abogados que dominen gobernanza digital, evidencia electrónica y ética algorítmica.
Un mercado que ya está esperando
La proyección hacia 2030 es concreta: protección de datos, ciberseguridad, comercio electrónico y regulación de inteligencia artificial serán, según la directora, los frentes con mayor demanda profesional en el país.
La agenda pública ya reconoce esta urgencia, muestra de ello es el impulso, desde la Agetic, de un anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales. En este escenario, Bolivia necesita abogados capaces de dominar códigos jurídicos y digitales, con formación práctica, ética tecnológica y visión interdisciplinaria.
En resumen, Bolivia está acelerando su transformación digital y eso significa que el mercado necesitará abogados con una visión moderna, capaces de anticiparse a los cambios y acompañar la innovación sin perder de vista la protección de los derechos fundamentales. Ese es el perfil profesional que se está formando en Unifranz.