Cuando una ciudad se vuelve inteligente: ¿quién controla los datos de sus habitantes?
Una ciudad inteligente utiliza sensores, cámaras, dispositivos conectados, plataformas digitales y análisis de datos para mejorar la movilidad, los servicios públicos y la gestión urbana. Sin embargo, esa capacidad tecnológica también genera información sobre las personas. El desafío consiste en determinar quién puede recopilar, almacenar, analizar y compartir esos datos y bajo qué reglas.
La pregunta es especialmente relevante porque una ciudad conectada no solo produce información sobre calles, vehículos o contaminación. También puede generar datos relacionados con desplazamientos, hábitos y comportamientos de sus habitantes.
¿Qué es una ciudad inteligente?
Una ciudad inteligente es una ciudad que utiliza tecnologías digitales y datos para comprender problemas urbanos y mejorar la gestión de servicios.
El Internet de las Cosas es una de las tecnologías que permite este modelo. Nathaly Miranda, directora de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, explica que los dispositivos conectados pueden recopilar y transferir datos mediante redes inalámbricas, mientras el software procesa esa información y determina posibles acciones.
En una ciudad, esa lógica puede aplicarse al tráfico, transporte, iluminación, monitoreo ambiental, estacionamientos y servicios públicos.
¿Qué información generan los habitantes de una ciudad inteligente?
Los datos urbanos pueden proceder de cámaras, sensores, aplicaciones móviles, sistemas de transporte, dispositivos conectados y plataformas digitales.
No todos estos datos son necesariamente personales. Un sensor que mide la temperatura de una calle, por ejemplo, genera información ambiental. Pero una cámara que registra rostros o una aplicación que almacena la ubicación de un usuario puede producir información vinculada directamente con personas.
El problema aumenta cuando distintas fuentes pueden combinarse.
Fabricio Góngora Flores, docente de Derecho de Unifranz, advierte que “el ser humano hoy vive permanentemente expuesto, porque prácticamente todo su accionar queda registrado en bases de datos físicas y digitales”.
La afirmación muestra que el debate sobre privacidad ya no se limita a redes sociales o teléfonos celulares. También alcanza al espacio urbano.
¿Cómo pueden los sensores mejorar el transporte?
Los sensores permiten convertir situaciones urbanas en datos que pueden ser procesados para tomar decisiones.
El proyecto estudiantil Maeke, desarrollado en Unifranz, propone utilizar un sensor instalado en minibuses, trufis y micros para detectar paradas autorizadas y evitar detenciones en lugares no permitidos.
Luciana Delgado, integrante del equipo, lo define como “un sensor que entra en los minibuses, trufis y micros de la ciudad”.
DriveSmartPro, otro proyecto estudiantil de Unifranz, combina geolocalización, sensores urbanos, mapas satelitales y reportes de usuarios para identificar estacionamientos disponibles, restricciones y condiciones del tráfico.
Estos proyectos muestran cómo el aprendizaje basado en proyectos y el Aprender haciendo pueden convertir problemas urbanos en experiencias de innovación aplicada.
¿Quién controla los datos de una ciudad?
El control de los datos urbanos no debería entenderse únicamente como una cuestión tecnológica. También involucra decisiones jurídicas, institucionales y sociales sobre quién puede recopilar información, con qué finalidad y bajo qué condiciones.
La gobernanza digital busca precisamente establecer reglas para el uso de datos, plataformas y tecnologías.
Ruth Torres, docente de Derecho de Unifranz, define el concepto de manera directa: “La gobernanza digital es la aplicación del derecho a la tecnología”. (Universidad Privada Franz Tamayo)
La gobernanza digital conecta así tres ámbitos: Sistemas, porque es necesario construir y proteger la infraestructura; Derecho, porque deben establecerse límites y responsabilidades; y sociedad, porque los datos pertenecen a un ecosistema en el que participan ciudadanos, empresas y autoridades.
¿Qué protección existe para los datos personales en Bolivia?
La Constitución Política del Estado establece en su artículo 130 la Acción de Protección de Privacidad. Esta herramienta permite que una persona que considere vulnerados sus derechos pueda conocer, objetar o solicitar la eliminación o rectificación de determinados datos registrados en archivos o bancos de datos públicos o privados.
Esto adquiere una nueva dimensión con las ciudades inteligentes porque los datos pueden recopilarse de manera continua y mediante múltiples dispositivos.
La legislación, sin embargo, debe responder a tecnologías que evolucionan rápidamente.
Torres explica que “el derecho es dinámico y va a estar en constante desarrollo y versatilidad” porque cambia conforme lo hace el contexto social. (Universidad Privada Franz Tamayo)
¿Una ciudad más conectada es necesariamente más segura?
No necesariamente. La tecnología puede mejorar la capacidad de una ciudad para detectar problemas, pero también puede crear nuevos riesgos relacionados con ciberseguridad, filtraciones, vigilancia indebida y uso no autorizado de información.
Walter Jaime Mayorga Benavides, coordinador del Diplomado de Ciberseguridad en Postgrado de Unifranz, advierte que “la tecnología nos brinda múltiples beneficios, también nos expone a amenazas como ransomware, phishing y otros tipos de ataques”.
Por eso, una ciudad inteligente necesita sistemas de seguridad desde el diseño, controles de acceso, protección de infraestructura y profesionales capaces de anticipar amenazas.
¿Qué papel tienen las universidades?
La universidad puede funcionar como un espacio de experimentación donde problemas reales de las ciudades se convierten en proyectos tecnológicos.
Unifranz ya cuenta con experiencias relacionadas con transporte, sensores, análisis de datos y soluciones urbanas. Además, su trabajo en gobernanza digital conecta la formación en Sistemas y Derecho con los desafíos sociales derivados de la transformación tecnológica.
La experiencia también evidencia que una universidad innovadora no debería limitarse a enseñar cómo funciona una tecnología. Debe formar profesionales capaces de preguntarse para qué utilizarla, qué riesgos implica y cómo puede generar valor para la sociedad.
El verdadero desafío: ciudades inteligentes, pero también ciudades responsables
Una ciudad puede utilizar cámaras para mejorar la seguridad, sensores para ordenar el tráfico y plataformas digitales para hacer más eficientes los servicios públicos. Pero cada avance abre nuevas preguntas sobre privacidad, transparencia, seguridad y control ciudadano.
Una ciudad inteligente no se define solamente por la cantidad de tecnología que utiliza, sino por la capacidad de utilizar datos para mejorar la vida de las personas sin convertir la eficiencia en una amenaza para sus derechos.
El futuro urbano necesitará ingenieros capaces de construir sistemas, abogados capaces de interpretar nuevos escenarios tecnológicos y ciudadanos capaces de comprender qué ocurre con la información que generan.
La verdadera transformación en educación y en las ciudades ocurre cuando tecnología y conocimiento dejan de avanzar por separado. El reto es formar profesionales capaces de conectar innovación, calidad académica, Derecho y sociedad para construir ciudades no solo más inteligentes, sino también más transparentes, seguras y humanas.