Formar líderes para transformar Bolivia: el propósito de UNIFRANZ desde la innovación y la calidad educativa
Formar líderes capaces de transformar Bolivia a través del conocimiento, la innovación y la calidad educativa es parte del propósito que impulsa a la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz). Bajo esa visión, la transformación digital se convierte en una oportunidad para fortalecer la formación de talento, generar conocimiento y desarrollar soluciones a los desafíos del país.
Este compromiso se refleja en el convenio que articula al sector público y a las universidades privadas para impulsar la transformación digital de la educación superior boliviana, con énfasis en la simplificación de trámites, la formación de talento humano, la investigación, la innovación y la ciberseguridad. La iniciativa busca dar un salto de la conectividad a la generación de capacidades, servicios más ágiles y soluciones tecnológicas desarrolladas desde el país.
“Hemos hablado del acceso. Creo que el acceso es sumamente importante, pero creo que también tenemos que entender el acceso en todas sus dimensiones”, afirmó Verónica Ágreda, presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) y rectora de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), al destacar que la expansión de la conectividad debe estar acompañada por educación y capacidades para aprovechar las herramientas digitales.
La representante de las universidades privadas del país sostuvo que el desafío es reducir las brechas que todavía persisten, especialmente entre poblaciones rurales y sectores vulnerables. En ese sentido, planteó que las universidades pueden aportar docentes, investigadores y estudiantes para desarrollar soluciones a problemas concretos del Estado y formar profesionales en áreas estratégicas.
“Si lo hacemos bien y trabajamos bien con este convenio, vamos a codiseñar diplomados, cursos, programas en tecnologías que van a definir esta década”, señaló Ágreda, al referirse a campos como inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos, gobernanza digital y otras tecnologías emergentes.
El acuerdo contempla cinco grandes áreas de trabajo: gobierno electrónico, ciberseguridad, formación de talento humano, investigación e innovación y fortalecimiento institucional. La cooperación permitirá desarrollar programas de capacitación y certificación, proyectos de investigación aplicada, prototipos y pruebas de concepto, además de promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Menos burocracia para estudiantes y egresados
Uno de los efectos más directos para los universitarios estará en la simplificación de trámites. El convenio prevé mesas técnicas destinadas a identificar, revisar y reducir procedimientos vinculados con la educación superior, además de avanzar en su digitalización e interoperabilidad.
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, explicó que actualmente esa cartera procesa alrededor de 50.000 títulos profesionales provenientes de universidades e institutos superiores, una carga que ha contribuido a generar demoras.
“Lamentable tener que esperar plazos de hasta un año para recibir el título profesional”, afirmó Sanjinés, al señalar que los retrasos afectan a los egresados que necesitan contar con su documentación para incorporarse al mercado laboral.
El ministro sostuvo que la transformación digital permitirá reducir esos tiempos. “Con este acuerdo estamos seguros que todos esos trámites burocráticos van a acelerarse y esperamos que en cortos plazos los egresados o titulados de sus universidades puedan recibir sus títulos profesionales”, manifestó.
La finalidad es que los estudiantes y egresados de universidades privadas puedan realizar progresivamente sus gestiones sin tener que trasladarse reiteradamente entre oficinas, presentar documentos que ya posee el Estado o afrontar procesos innecesariamente extensos.
Ciudadanía digital e interoperabilidad
Otro componente central es la incorporación de las universidades privadas a la ciudadanía digital. Esta herramienta permitirá ampliar el acceso a servicios digitales y constituye una de las bases para avanzar hacia una relación más directa entre los ciudadanos y las instituciones públicas.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que el convenio permitirá instalar mesas técnicas para revisar los procedimientos de educación superior. “Estamos firmando dos cosas hoy día: por una parte, la adhesión de las universidades privadas a la ciudadanía digital y, por otra, el convenio marco que va a permitir instalar mesas técnicas para identificar, revisar y simplificar los trámites vinculados a la educación superior”, señaló.
Para Aramayo, la interoperabilidad debe evitar que el ciudadano se convierta en intermediario entre instituciones que necesitan intercambiar información. La meta es que los datos puedan verificarse de manera segura y en tiempo real, reduciendo desplazamientos y tiempos de espera.
“Un estudiante debería dedicar su tiempo a estudiar, investigar, a formarse, a prepararse para trabajar y no a recorrer oficinas y pasillos buscando sellos o fotocopias”, enfatizó.
El ministro de la Presidencia informó que la incorporación de las universidades privadas permitirá ampliar la cantidad de ciudadanos digitales. La proyección es pasar de aproximadamente 500.000 usuarios, alcanzados tras la adhesión de las universidades públicas, a unos 800.000 con la participación del sector privado. La meta gubernamental es superar el millón durante este año.
Formación tecnológica e investigación aplicada
La viceministra de Educación Superior, Ana Cárdenas, destacó que el proceso debe traducirse en una experiencia más eficiente para una generación de estudiantes familiarizada con las herramientas digitales.
“Debemos avanzar hacia una educación superior en Bolivia donde nuestros estudiantes que ya nacieron en un entorno digital encuentren instituciones que respondan con la misma agilidad e innovación con que ellos ven el mundo”, afirmó.
Cárdenas remarcó que la tecnología puede contribuir a modernizar los servicios educativos y a fortalecer la formación profesional. “Un estudiante no debería enfrentar trámites interminables para acceder a un certificado o validar su formación. Debería acceder a servicios más eficientes”, sostuvo.
En el ámbito académico, el convenio abre la posibilidad de desarrollar diplomados, cursos y certificaciones en tecnologías emergentes, así como proyectos de investigación vinculados con las necesidades del sector público. También se contempla la formación en seguridad informática y el desarrollo de capacidades para proteger información y sistemas digitales.
Ágreda planteó además que la transformación digital debe alcanzar a quienes todavía están fuera de sus beneficios. La apuesta es que las universidades contribuyan a formar talento en las regiones y que los estudiantes puedan desarrollar soluciones tecnológicas sin tener que abandonar sus territorios.
La firma del convenio se realizó este 12 de agosto en el Ministerio de Educación y tendrá una vigencia de tres años, renovable. El acuerdo no contempla una transferencia directa de recursos entre las instituciones; los proyectos podrán financiarse mediante cooperación internacional, concursos u otros mecanismos institucionales.
Más allá del acto protocolar, el desafío será convertir los compromisos en resultados medibles: reducir los tiempos de los trámites, ampliar los servicios digitales, fortalecer la formación en tecnologías estratégicas y generar investigaciones que respondan a problemas reales del país. Para los estudiantes de las universidades privadas, el objetivo final es que la transformación digital se traduzca en menos burocracia, mayores oportunidades de formación y una participación más activa en el desarrollo tecnológico de Bolivia.