Chats, audios y capturas: ¿cuándo tienen valor legal en Bolivia?
Chats de WhatsApp, audios, fotografías, videos y capturas de pantalla pueden contener información relevante frente a una amenaza, una estafa, un caso de acoso o un acuerdo incumplido. Sin embargo, presentar estos archivos ante una autoridad judicial no significa que automáticamente serán considerados pruebas suficientes.
“Una captura es una presunción de prueba, porque tiene que estar sometida a un peritaje”, explica Danny Paucara, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) sede La Paz. Por ello, su contenido debe ser analizado antes de que pueda respaldar una decisión judicial.
“Cuando el documento digital, la evidencia, la imagen o el archivo son manipulados o alterados, carecen de eficacia legal”, añade. No obstante, aclara que la existencia de una modificación también debe establecerse mediante un análisis pericial.
Recortar una conversación, editar una imagen, alterar un audio o presentar únicamente una parte del contenido puede generar dudas sobre su autenticidad y contexto. Por esta razón, el especialista sostiene que el archivo debe conservarse de la manera más completa posible para permitir su verificación.
“La evidencia digital tiene que estar certificada, porque unilateralmente no se puede constituir como prueba”, manifiesta el docente.
Según explica, “la evidencia digital es uniforme; ya sea en el área civil, penal o familiar, necesariamente tiene que gozar de autenticidad”.
Cuando una persona recibe amenazas, sufre acoso o es víctima de una estafa a través de redes sociales, puede realizar capturas para conservar inicialmente la información. Sin embargo, Paucara remarca que este procedimiento, por sí solo, no acredita la existencia de una prueba idónea.
“La persona necesariamente tiene que efectuar la captura, pero eso no acredita una prueba suficiente”, señala. Recomienda reportar el hecho ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) o acudir a la unidad de cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
“Grabar a una persona sin su permiso no es considerado una prueba legal e idónea, porque la otra persona tiene que expresar su voluntad y su consentimiento”, añade.
La expansión de la inteligencia artificial incorpora nuevas dificultades para la justicia. Actualmente, diferentes herramientas permiten modificar fotografías, alterar videos y reproducir voces con un nivel de precisión que puede generar dudas sobre la autenticidad de un contenido.
Este escenario obliga a jueces, fiscales, abogados y peritos a fortalecer sus conocimientos para diferenciar un archivo verdadero de uno creado o manipulado digitalmente.
Para el docente, todavía existen desafíos en la manera en que el sistema jurídico aborda estas tecnologías. “En el tema relacionado con la evidencia digital aún tenemos muchas deficiencias, hay necesidad de mejorar la preparación frente a los cambios tecnológicos”, afirma.
Esta transformación también exige una formación jurídica de estudiantes vinculada con la práctica. “En la universidad manejamos dos aspectos importantes: el elemento material y el elemento digital”, explica Paucara.
El modelo “Aprender Haciendo” de Unifranz es una metodología educativa centrada en la experiencia práctica y la resolución de problemas reales. Además, conecta a los estudiantes directamente con el mundo profesional desde el inicio de sus carreras. Así, los estudiantes desarrollan habilidades clave y aumentan su empleabilidad, mediante proyectos, simulaciones y vinculación con empresas, para preparar profesionales más seguros y capaces de generar un impacto en la sociedad.