Alivio tributario: Unifranz analiza cómo la Ley 1733 puede reactivar empresas, empleo y formalización
En medio de la crisis económica profunda, Bolivia implementó una medida de impacto: la promulgación de la Ley N° 1733 de Alivio Tributario y Regularización de Impuestos.
La norma, firmada el 27 de mayo de 2026 por el actual presidente de Bolivia, propone inyectar liquidez al tejido empresarial, reincorporar a cientos de miles de contribuyentes a la economía formal y sentar las bases de una relación entre el Estado y el aparato productivo.
La academia como puente entre la ley y la sociedad
Desde la academia, Unifranz analizó la Ley N° 1733 de Alivio Tributario, para entender cómo una medida fiscal puede impactar en la liquidez empresarial, la formalización, el empleo y la reactivación económica.
El White Paper elaborado por académicos de la Sede Cochabamba —Gabriela Sanjinez, directora del IPEE; Fabiola Cadima, directora de Ingeniería de Sistemas; Mirtha Vargas, directora de Derecho; y Kadir Lanza, director de Ingeniería Económica y Financiera—, bajo la metodología de revisión de fuentes secundarias, permite comprender que el alivio tributario puede convertirse en una herramienta para mirar más allá de la norma: ayuda a identificar beneficios, riesgos y desafíos para construir una economía más formal, productiva y sostenible.
«Cuando la academia traduce la complejidad económica en evidencia útil, ayuda a que la sociedad tome mejores decisiones», señala el vicerrector, Rolando Lopez.
En medio de la tormenta económica
Bolivia cerró la gestión 2025 con un déficit fiscal del 12,2% del PIB, el mayor entre 2021 y 2025. Esto implica una deuda pública cercana al 90% del PIB y reservas internacionales con escasa liquidez.
El FMI y el Banco Mundial proyectan una contracción del 3,2% para 2026. A esto se suma que, durante mayo pasado, los bloqueos de carreteras y conflictos sociales generaron pérdidas estimadas en 2.000 millones de dólares, equivalentes al 4% del PIB, coinciden las entidades empresariales.
«El déficit fiscal ha sido el factor que más contribuyó a generar la profunda crisis económica en la cual se encuentra la economía boliviana. En el período 2015 a 2024, el déficit del Sector Público No Financiero ha sido en promedio anual de 8,7% del PIB», según el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad).
«Hasta ahora, para los contribuyentes, había miles de deudas impagables, y para el Estado, millones de bolivianos en moras y multas irrecuperables. Esto puede cambiar a partir de esta Ley», asegura Erwin Dotzauer, gerente general de SIN GRACO Cochabamba y docente de Unifranz.
En ese contexto, miles de empresas arrastraban deudas tributarias impagables, acumuladas durante la pandemia de 2020, multiplicadas por intereses y multas, bloqueadas por retenciones bancarias que les impedían operar con normalidad. La Ley 1733, según Dotzauer, irrumpe de forma directa en esa realidad.
Recomendaciones Clave para su implementación
Las opiniones de los especialistas, recogidas por la investigación y contenidas en el White Paper, coinciden en lo siguiente:
• Las empresas deben acogerse de inmediato dentro del plazo de 120 días calendario, priorizando la revisión de su situación tributaria con asesoría especializada.
• El Gobierno debe garantizar transparencia, trazabilidad digital y publicación periódica de estadísticas sobre beneficiarios y montos regularizados.
• Las instituciones empresariales deben promover la formalización sostenida y la capacitación tributaria como condición para aprovechar plenamente la ley.
• La academia y los centros de investigación deben evaluar el impacto de la medida con metodologías rigurosas para informar futuras políticas fiscales.
• Esta ley debe entenderse como punto de partida hacia una reforma tributaria estructural, no como sustituto de ella.
Acceso para la ciudadanía
En este contexto, la carrera de Ingeniería de Sistemas de Unifranz desarrolla la «calculadora tributaria», una herramienta tecnológica orientada no solo a automatizar el cálculo de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, sino también a convertirse en un espacio de información confiable, consulta y orientación sobre la normativa vigente.
«No será únicamente una calculadora para realizar cómputos tributarios; será también un espacio de información, consulta y educación tributaria, pensado para facilitar a la población el acceso a datos claros y confiables», explica Fabiola Cadima, directora de Ingeniería de Sistemas de Unifranz y miembro del equipo que elaboró el White Paper.
Cambian las reglas del juego
La arquitectura de la ley tiene cinco componentes. El primero es la condonación total de deudas anteriores a enero de 2018 con montos menores a Bs 10 millones, y de la gestión 2020 completa sin límite de monto, para tributos administrados por el SIN y la AN.
El segundo condona el 100% de intereses y multas para los períodos 2018–2025, exigiendo únicamente el pago del tributo omitido, con descuentos adicionales del 50% en el mantenimiento de valor para pagos al contado, igualmente para tributos administrados por el SIN y la AN.
Los contribuyentes disponen de 120 días calendario para acogerse a través del portal SIAT del SIN (impuestos.gob.bo) o en las oficinas habilitadas desde el 1 de junio.
El tercer pilar es la reducción permanente del plazo de prescripción tributaria de 8 a 4 años, con un máximo de 2 años para concluir cualquier fiscalización iniciada; este beneficio aplica para todas las administraciones tributarias del país.
El cuarto reforma el cálculo del IVA para que la tasa efectiva baje del distorsionado 14,94% a un real 13%.
El quinto libera las promociones empresariales del controvertido Impuesto al Juego.
Reciprocidad entre ciudadanos y Estado
Dunia Arandia Quiroga, del Colegio de Abogados de Cochabamba, subraya que la ley puede justificarse en situaciones excepcionales, pero que debe ir acompañada de beneficios equivalentes para quienes cumplieron a tiempo.
«Esta Ley contiene más aspectos positivos que negativos, puesto su carácter es de beneficio social. No obstante, el verdadero desafío no es únicamente regularizar deudas pasadas, sino construir un sistema tributario que genere confianza en las instituciones y garantice un trato justo tanto para quienes enfrentan dificultades económicas como para quienes han cumplido responsablemente», señala.
Formalizar ayuda a la reactivación
El cruce entre el Censo de Economía Naranja del IPEE–Unifranz y la Ley N° 1733 de Alivio Tributario muestra que la formalización puede convertirse en una herramienta de reactivación para uno de los sectores más vulnerables de Cochabamba.
El censo identificó 2.260 unidades económicas activas; de ellas, el 68% opera sin NIT ni SEPREC y el 23% solo cuenta con NIT, evidenciando una amplia informalidad o «semi-formalidad atrapada». La gastronomía, que representa el 54% del universo naranja, aparece como el sector con mayor potencial de incorporación a regímenes simplificados.
El dato más relevante es que los informales concentran el 61% de los ingresos, pero destinan solo el 31% a sueldos, mientras las empresas formales, con menor participación de ingresos, asignan una proporción mayor a remuneraciones. Esto demuestra que formalizar también puede mejorar redistribución y empleo.
Sin embargo, el 56% de los emprendimientos cierra antes de cinco años, lo que advierte que el alivio tributario debe complementarse con crédito, mercados, educación tributaria y acompañamiento técnico. La oportunidad es clara: reducir el costo de formalizarse, pero también hacer visibles sus beneficios.
Fuentes: Censo de Economía Naranja en Cochabamba, elaborado por el Instituto de Progreso Económico Empresarial —IPEE— de Unifranz, citado en el White Paper El empresario invisible; y White Paper sobre la Ley N° 1733 de Alivio Tributario en Bolivia.
La información puede ubicarse en los documentos académicos institucionales de Unifranz / IPEE y, para el procedimiento tributario, en el portal SIAT del SIN: impuestos.gob.bo.
Impacto directo en las economías
Para las MIPYMES, el impacto puede ser aún más directo: capital de trabajo, continuidad operativa y posibilidad de acceder nuevamente al crédito formal. La regularización no garantiza financiamiento por sí sola, pero mejora los balances, reduce pasivos contingentes y fortalece la confianza de las entidades financieras.
«Esta normativa no solo moderniza los procesos, sino que integra de manera justa al mediano y pequeño productor con la gran industria corporativa, eso dinamiza esta economía que se ha visto muy mermada en este último tiempo debido a los bloqueos», destaca Shirley Claure, del Colegio de Economistas de Cochabamba.
Al liberar cargas burocráticas y simplificar las cadenas de distribución, el sector empresarial puede inyectar capital en infraestructura crítica de almacenamiento y transporte, compara.
Desafíos para su implementación
De acuerdo con el White Paper, los principales desafíos para la implementación efectiva de la Ley N° 1733 son:
• Capacidad tecnológica del SIN para gestionar masivamente las solicitudes sin pérdida de plazos ni derechos.
• Difusión y comprensión de los beneficios entre los segmentos más vulnerables: microempresarios, gremiales y trabajadores independientes con menor acceso a asesoría especializada.
• Adaptación de los sistemas de facturación electrónica a la nueva modalidad del IVA desagregado.
• Gestión del riesgo de moral hazard: comunicar efectivamente el carácter excepcional y no recurrente de la medida.
• Articulación entre la ley de alivio y una agenda de reforma tributaria estructural que no quede pendiente.
En síntesis, la Ley de Alivio Tributario N° 1733 constituye una herramienta necesaria, aunque no suficiente para fortalecer la liquidez empresarial y promover la reactivación económica en Bolivia. Su efectividad a largo plazo dependerá de la calidad de su implementación, la seriedad con que se comunique su carácter excepcional, y la voluntad política de acompañarla con las reformas estructurales que Bolivia necesita para construir un sistema tributario más simple, justo y favorable a la inversión y la formalización.